EL EXPEDIENTE
Zonas grises en estudio ambiental del millonario proyecto Las Bambas
Hasta hoy la empresa minera Las Bambas y el Ministerio de Energía y Minas han asegurado que los cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, sin consulta a la población, “no son significativos”. Por lo tanto, se entiende, se tomaron las previsiones ante cualquier potencial impacto a las fuentes de agua, los suelos, el aire y posible daño a la salud de la población por la millonaria extracción del cobre de la inversión minera más importante del Perú. Sin embargo, ingenieros ambientales demuestran que no se trataron de modificaciones menores luego de la revisión de los mil 500 folios del expediente del proyecto al que tuvo acceso
Una pared y un país
El proyecto minero Las Bambas, ubicado en la región Apurímac, fue una de las inversiones privadas que generó más expectativas en el gobierno de Ollanta Humala. Los más de US$10 mil millones invertidos para iniciar la explotación del cobre en esta zona de la sierra sur representaron un hito en los proyectos mineros en el Perú, tanto así que desde noviembre de 2015, en el local del Ministerio Energía y Minas, ubicado en el distrito limeño de San Borja, se estampó en la pared más extensa del área de mesa de partes –donde ingresan los voluminosos expedientes de los proyectos de la gran minería y la industria petrolera del país- una foto panorámica de las operaciones de Las Bambas. Era la inversión estrella.
Hoy tenemos un nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y una nueva ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim Barrientos desde el 9 de enero de 2018.
Mientras las autoridades de turno promocionan el proyecto que está en manos de MMG Limited, cuyo principal accionista es la estatal China Minmetals Corporation, un importante sector de los pobladores de la provincia de Cotabambas y de las comunidades aledañas tiene serias dudas y reclama información sobre la forma en que se autorizaron los cambios del estudio ambiental para que se empiece a explotar el mineral desde enero de 2016. Son más de 400 mil toneladas de concentrado de cobre al año que se proyecta producir en medio de la incertidumbre debido a que la población no fue consultada sobre estas decisiones vinculadas a sus tierras y fuentes de agua.
Fueron los cambios al estudio ambiental a puertas cerradas los que precisamente hicieron explotar el conflicto social a fines de setiembre de 2015 con el registro de 3 muertos y 29 heridos. Cinco meses después se instaló una mesa de trabajo para hacer frente al problema pero hasta ahora no existen respuestas claras y el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas exige un estudio independiente. La población está dispuesta a convivir con la minería pero también se ha instalado la desconfianza y han planteado sus condiciones.
El Ministerio de Energía y Minas y la compañía minera Las Bambas han asegurado que los cambios al estudio ambiental inicial forman parte de “componentes menores” y que los posibles impactos “no son significativos”. Para contrastar esa versión y echar luces sobre las zonas grises del proyecto, Convoca.pe revisó los más de mil 500 folios del expediente que aparecen en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas, con la ayuda de ingenieros ambientales que han trabajado en el Estado evaluando estos documentos voluminosos y en consultoras del sector.
Por razones de seguridad, no revelamos sus nombres pero sí sus hallazgos, los cuales han sido confrontados con la versión de la empresa y del Ministerio de Energía y Minas con el propósito de ser tomados en cuenta en el proceso de diálogo que se reanudó el lunes 22 de agosto de 2016 en el local de la municipalidad provincial de Cotabambas. La primera reunión de la nueva gestión de Kuczynski.
Los ingenieros ambientales concluyeron que por lo menos seis componentes del proyecto que fueron reubicados o ampliados con la aprobación del primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) el 26 de agosto de 2013, no debieron ser modificados mediante este documento simple porque eran importantes para el proceso de producción minera y requerían otros estudios para medir el potencial impacto ambiental.
"Otro aspecto controversial sobre el traslado de la planta es que el ITS aprobado a fines de agosto de 2013 permitió un incremento de la producción de concentrado de minerales, según aparece en el documento. La empresa lo niega."
Para estos expertos, en el caso de Las Bambas se distorsionó el uso de los ITS, establecidos mediante el decreto supremo 054-2013-PCM en mayo de 2013 para que las empresas puedan modificar y ampliar sus proyectos con el propósito de “hacer mejoras tecnológicas en las operaciones” pero no para hacer cambios medulares del Estudio de Impacto Ambiental como finalmente sucedió en algunos casos, advirtieron.
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El traslado de la discordia
En la lista de las seis observaciones destaca el traslado de la planta de filtración, de la zona de Espinar (Cusco) a la provincia de Cotabambas (Apurímac). Este centro de operaciones es una de las áreas centrales del proceso: permite la separación del molibdeno y el cobre, y está constituido por cada una de las plantas de estos minerales, una planta de espesamiento y un almacén de concentrados. De la revisión del expediente se concluye, además, que en la solicitud de aprobación del ITS no se incorporó un plan de manejo ambiental de concentrados en su nueva ubicación que, según los ingenieros ambientales, era necesario volver a elaborar debido a las modificaciones.
“(Para la planta de molibdeno) no se ha realizado un estudio de impacto a la salud, lo cual es importante dado que se procesará y producirá además de cobre, el molibdeno sobre el cual se ha reportado daños para la salud humana en zonas de procesamiento de este mineral con casos de afectación al hígado (disfunción hepática), dolores y deformaciones de la articulación en rodillas, manos, pies, es decir, tipos severos de artritis. Si a esto se suma el precario estado de salud de los campesinos del lugar, el riesgo de salud se incrementa”, alertaron los especialistas. Al respecto, la minera Las Bambas respondió a Convoca.pe que se “evaluaron los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos” y que se determinó que no eran “significativos”.
Otro aspecto controversial sobre el traslado de la planta es que el ITS aprobado a fines de agosto de 2013 permitió un incremento de la producción de concentrado: de 2 mil 717 de toneladas por día (t/d) se pasó a 2 mil 995 toneladas diarias, de los cuales 35 corresponden a molibdeno y 2 mil 960 toneladas de cobre, como aparece en el folio 97 del Informe Técnico Sustentatorio. Esto representa un incremento de 278 toneladas de concentrado por día que en dinero bordea el millón de dólares si se toma en cuenta el precio del cobre en este año, el mineral que predomina en los concentrados (ver cómo se hizo el cálculo*).
Operaciones del proyecto minero Las Bambas, que hoy opera MMG Limited. Foto: Milagros Salazar - Convoca.pe.
"El problema ante todo es social. Las decisiones fueron tomadas a puertas cerradas y no se consultó a los pobladores sobre lo que iba a pasar con su territorio y sus fuentes de agua."
Convoca.pe preguntó a la empresa sobre este punto, pero ésta respondió vía correo electrónico que no hubo ningún incremento de producción a pesar que esto aparece en el expediente del ITS y que según la versión de funcionarios de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ese aumento se mantuvo y no hubo una posterior modificación.
El Ministerio de Energía y Minas respondió vía correo electrónico que esta reubicación “de la planta de molibdeno, así como el área de filtro y el almacén de concentrados”, calificaban para un ITS porque mantiene el plan de manejo aprobado para dicha planta, además se redujo el área de influencia del proyecto y se aprobó recircular el agua del proceso minero, “convirtiéndose esto último en una mejora”.
En contraste, los especialistas aseguraron que los “impactos o alteraciones ambientales son innegables” principalmente en las fuentes de agua y el suelo. “Para el manejo y mitigación del impacto de nuevas áreas a disturbar se requerirá agua así como para el manejo del concentrado de molibdeno y cobre”. “Hay una modificación del balance y manejo de aguas que inicialmente fue aprobado por la Autoridad Nacional del Agua con el Estudio de Impacto Ambiental inicial del marzo de 2011, pero que para estos nuevos cambios no fue consultada esta entidad”, advierten los especialistas.
Mesa de diálogo realizada en el distrito de Haquira en abril. Foto: Milagros Salazar - Convoca.pe.
Otro aspecto que señalan es que en el expediente no aparece ningún análisis sobre la presencia del molibdeno y su impacto en el área a pesar de su potencial peligrosidad. Este diagnóstico previo que debió efectuarse, no permitirá evaluar un impacto ambiental futuro, señalan. En su defensa, la compañía señaló que “han cumplido a cabalidad con lo exigido en el ordenamiento legal vigente”. En efecto, la norma no les exige la opinión de la ANA para la aprobación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), pero mientras eso indica la ley, en las tierras de Apurímac se incrementa la desconfianza y el desánimo.
“La verdad ese EIA nos ha caído como un balde de agua, señorita. Es muy triste”, cuenta Daniel Olivera de la comunidad Ccayao, ubicada en el área de influencia directa del mineroducto que iba a transportar el cobre y el molibdeno pero que con las modificaciones ahora son transportados en camiones que levantan polvareda a lo largo del camino afectando nuevas áreas que no han sido evaluadas. Por lo menos 20 comunidades y cuatro centros urbanos veían la posibilidad vender o alquilar sus tierras a la compañía por la zona donde pasaría el mineroducto.
Los cuatro distritos que recorren el área del desaparecido mineroducto son Haquira, Colquemarca, Velille y Coporaque. Haquira, donde también se ubica la comunidad Ccayao del campesino Daniel Olivera, es el distrito más pobre de estos cuatro: registra índices de pobreza de al menos 69,7 por ciento, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Radioactivos y el agua
Pero no solo se trata de la planta de filtración. En el análisis de los ingenieros ambientales consultados también figura la reubicación del taller de equipos mineros, en donde se manejará material peligroso como hidrocarburos, aceites, ácido sulfúrico, sustancias tóxicas, entre otros por lo que no se debió considerar como un “componente auxiliar” y debió analizarse mejor el manejo de estas sustancias en su nueva ubicación.
Lo mismo cuestionan los ingenieros ambientales sobre la reubicación del almacén de materiales radioactivos en la planta concentradora. Estos materiales que son peligrosos comúnmente sirven para el análisis químico de minerales pero en el expediente no se ha especificado cómo se usarán. Para los expertos debió pedirse la opinión del Instituto Peruano de Energía Nuclear con el propósito de prevenir cualquier potencial impacto.
Otros tres puntos están relacionados con la reubicación del polvorín y el patio de nitratos que es vital para la producción de Las Bambas ya que sin explosivos no se pueden extraer los minerales y sin el área de almacenamiento tampoco habría dónde ubicarlos. “Se debe considerar que son sustancias muy peligrosas que debieron contar inclusive con opinión técnica del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería y de la Autoridad Nacional del Agua. Los nitratos y el nitrógeno amoniacal están presentes en el proceso minero debido al uso de explosivos, entre otros factores. Además, están asociados a problemas de contaminación de agua”, aseguraron. No se trata de algo temporal, sino de una operación continua a lo largo de 18 años.
Con la aprobación del ITS también se aprobó la ampliación de infraestructura para el uso de agua como la construcción de un canal para captar agua de río, lo que los ingenieros consideraron como un potencial impacto al recurso hídrico sobre todo en temporadas de estiaje. “Era necesario obtener la opinión favorable de la ANA para prevenir este impacto y establecer medidas de manejo y mitigación adecuadas”, apuntaron.
La sexta observación se centra en un “nuevo depósito de almacenamiento de combustibles” que también fue aprobado en el ITS a pesar que es fundamental para que opere la maquinaria, los vehículos y otros equipos importantes para la operación minera.
¿Hasta qué punto esta lista de modificaciones puede considerarse inocua? La empresa respondió que “previo a la elaboración de cada ITS, se procedió a identificar y evaluar los impactos que se generarían en cada caso” y que se demostró que no existían riesgos. Además, que obtuvo “todos los consentimientos gubernamentales necesarios para la ejecución de las operaciones”. Y que, por lo tanto, han cumplido con el ordenamiento legal.
Claro está que no se trata de un caso de ilegalidades. Todo lo contrario: la ley ha permitido que se puedan hacer estas modificaciones sin problema y que se usen los permisos obtenidos en el Estudio de Impacto Ambiental inicial para avalar todos los cambios posteriores como se pudo comprobar durante la revisión del expediente. No existen opiniones técnicas de las autoridades competentes que acompañen a los ITS porque la ley no lo exige.
El problema ante todo es social. Las decisiones fueron tomadas a puertas cerradas y no se consultó a los pobladores sobre lo que iba a pasar con su territorio y sus fuentes de agua. Mientras tanto el Ministerio de Energía y Minas responde que “la norma no establece la exigencia de mecanismos de participación ciudadana” pero que sin embargo pone “a disposición del público en general estos ITS en su página web”. Pero a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar en la región Apurímac la realidad es otra: hay familias quechuahablantes sin acceso a Internet que rodean el proyecto minero y que no podrían acceder al documento para conocer de qué manera estas modificaciones afectarán o no su vida diaria, como sucede con las mujeres del caserío Taquiruta que defienden sus tierras ante el avance de la explotación de cobre (Ver aquí). Ellas sólo hablan quechua. Dominga, Celia, Tomasa. Un expediente en Internet aprobado en silencio y plagado de términos técnicos resulta tan lejano como el Estado invisible.
A lo largo de las reuniones de la mesa de trabajo, los pobladores también han dado cuenta de una atmósfera de hermetismo. “Estos altos funcionarios deberían estar con la puerta abierta pero nos ponen un montón de policías y nosotros tenemos que esperar en la plaza o ver en las noticias que todo sucede en Lima. Eso me indigna”, reclama Daniel Olivera, a quien encontramos esperando a lo largo de más de cinco horas los resultados de una de las mesas de diálogo que se realizó en el distrito de Haquira en abril último.
Los pobladores esperan en calles y plazas alguna respuesta del gobierno. Los gerentes de MMG Limited aguardan el mensaje de un ministro en sus computadoras. Cuando la empresa adquirió el proyecto Las Bambas de manos de Glencore Xstrata el 13 de abril de 2014, uno de sus gerentes Troy Hey, se presentó la tarde de ese mismo día mediante un correo electrónico con el entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien en menos de una hora le reenvió el mensaje al premier de esos días, René Cornejo.
“(Las Bambas) es uno de los principales proyectos cupríferos de construcción en el mundo y un importante proyecto para el desarrollo del Perú”, escribió Hey luego de explicar la presencia global de la compañía de capital chino que tiene como sede principal Australia y cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
En el mismo correo que aparece en los llamados “Cornejo Leaks”, el gerente de MMG Limited recordó que la compañía es miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) (que exige que los miembros respeten el derecho al consentimiento libre, informado y previo de las comunidades) y que están comprometidos con las “más altas normas de seguridad, salud, medio ambiente y gestión comunitaria”.
Era abril de 2014. Para entonces ya se habían consumado las modificaciones al estudio ambiental mediante el polémico Informe Técnico Sustentatorio (ITS) aprobado en agosto de 2013, en manos de Glencore Xstrata. Pero los cambios a este documento no fue lo único controversial: el ITS fue elaborado por la ingeniera geógrafa Giovanna Huaney Huarcayo, entonces superintendente de medioambiente de Las Bambas, no por un ingeniero de minas o de medio ambiente que son expertos en el manejo de estos temas.
Giro empresarial
El conflicto social de Las Bambas también está marcado por personajes que transitan entre el sector público y privado. Uno de ellos es Valery Niño de Guzmán Paredes, excomisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante los gobiernos de Ollanta Humala y Alan García. Esta área técnica de la PCM es responsable de “gestionar las diferencias, controversias y conflictos sociales en el país”, entre los cuales figura el caso de Las Bambas. Tras su experiencia en el gobierno peruano, Niño de Guzmán decidió pasar al otro lado de la mesa.
El especialista figuraba como representante de Las Bambas en el registro de visitas del Ministerio de Energía y Minas. Niño de Guzmán tuvo tres reuniones de trabajo: el 9 y 19 de febrero, y el 17 de junio de este año. Todas las reuniones fueron con Wuido Brucce Chávez Falcón de la Oficina General de Gestión Social del Minem.
En la primera reunión, la del 9 de febrero, también participó María Isabel Murillo Injoque, asesora de la alta dirección del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que es la entidad responsable de aprobar los estudios ambientales de mayor envergadura desde fines de 2015 y que depende del Ministerio del Ambiente. En la segunda reunión, la del 19 de febrero, estuvo presente Marc Emmanuel Fraillón, también de Las Bambas y en la última, del 17 de junio, participó Giovanna Huaney Huarcayo, la ingeniera geógrafa de Las Bambas que elaboró el cuestionado ITS de 2013.
La desconfianza también se agudiza por la distribución del canon minero, la compensación económica que se otorga a las zonas mineras por la explotación de los minerales y que representa el 50 por ciento que pagan las empresas al Estado en impuesto a la renta. Un análisis realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana estima que para el caso de Las Bambas, la empresa necesitará al menos cinco años de producción para generar utilidades y que recién en 2021 podría aportar por concepto de canon.
Sin embargo, los distritos aledaños al proyecto Las Bambas (Tambobamba, Coyllurqui, Challhuahuacho, Progreso y Mara) aparecen en la página de Transparencia Económica del MEF con montos variables provenientes del canon minero por préstamos que han solicitado al gobierno central. En algunos casos el monto se ha reducido de manera drástica como ocurre en Coyllurqui y Challhuahuacho que en 2014 tenían presupuestado más de un millón de soles por este rubro, pero este año apenas supera los 300 mil soles (Ver gráfico).
El clima social se mezcla con las expectativas económicas en una zona de pobreza con un vecino rico que llega de lejos y que cada mes produce más de 32 mil toneladas de cobre que desfilan en camiones por un vía polvorienta mientras las autoridades del Estado, aún distantes, prometen el desarrollo para todos.
La primera mesa de diálogo del gobierno de Kuczynski
El 22 de agosto de 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inició su participación en la mesa de diálogo instalada por el conflicto social que rodea el proyecto minero Las Bambas, en Apurímac. La reunión se realizó en la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Entre el medio centenar de asistentes, participaron 16 representantes del gobierno central, tres de regional, uno del legislativo, dos de la Defensoría del Pueblo, 30 de la sociedad civil y dos de la minera MMG Limited. En representación del gabinete presidido por Fernando Zavala, asistieron los viceministros de Minas, Guillermo Shinno, Agricultura, Jorge Montenegro, y Vivienda, Ricardo Vidal.
En la reunión se acordó otorgar un plazo de 20 días para la publicación de una resolución ministerial que aprueba que el proceso de diálogo continuará. También se estableció que el 7 de setiembre se presente un reglamento para continuar con estos espacios de diálogo. En la elaboración de este documento se comprometió la participación de las organizaciones comunales, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministro, Ministerio de Energía y Minas y el legislador del Frente Amplio, Richard Arce.
También se mostrarán los avances de las mesas de trabajo realizadas durante el gobierno de Ollanta Humala entre abril y julio de este año.
Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas, contó a Convoca.pe que los representantes comunales no han quedado satisfechos con la reunión porque consideran que no se han tratado temas de fondo como el problema de la influencia directa de la minera a las zonas aledañas al proyecto o la ruta por donde se transportan los minerales de la mina.
Lee las respuestas completas del Minem aquí.
* Para el cálculo se consideró el valor adicional (278 toneladas) de la producción de cobre presentado por la empresa en el Informe Técnico Sustentatorio. A esta cantidad se le restó el 30 por ciento que se pierde durante la fundición y refinado del mineral antes de su comercialización. El nuevo valor (194.6) se transformó en libras y se multiplicó por la cotización del cobre que reporta el Minem (2.14 dólares por libra).
** Actualización realizada con la colaboración Piero Alonso Angulo.
CRÉDITOS
Investigación: Milagros Salazar y Aramís Castro. Noemí Melgarejo colaboró con información en este informe. Fotografías: Milagros Salazar (Convoca.pe) y Julio Angulo (La República). Portada: Fotografías de Julio Angulo. Desarrollo web: Melissa Chávez.