–Yo he abierto los ojos acá. Vivo desde mi nacimiento, mis abuelos, tíos han vivido acá (…) desde hace varias generaciones– recuerda en quechua Celia Huamaní Vargas agarrándose las manos, cabizbaja y con un niño en el vientre. Luce intranquila en la puerta de su casa de adobe en el caserío Taquiruta, en la región Apurímac, donde retumban cada mediodía las voladuras de un tajo minero que crece y crece en medio del campo como la criatura que pronto traerá al mundo Celia.

El ruido y la polvareda perturban a esta mujer a 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Sus vecinos denuncian que sus viviendas se han rajado por las explosiones. Viven sin luz y agua potable. “Y los pocos ganados que tenemos son golpeados con palos por los empleados de la mina como si fueran perros”, se queja Celia mientras su marido Lenin traduce al español lo que viven cada día. En las noches es peor, dice, “piden a cada rato nuestros nombres para dejarnos pasar”. Son 16 familias del caserío Taquiruta de la comunidad de Fuerabamba en el distrito de Chalhuahuacho que viven a sobresaltos a pocos metros de las operaciones del proyecto de cobre más importante del Perú, Las Bambas, del gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation y a esta inversión minera como su primera y única en Sudamérica.

Hasta las comunidades que rodean este megaproyecto llegó un equipo de Convoca.pe y el diario La República para confrontar las zonas grises de los mil 500 folios del expediente Las Bambas que aguarda en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que deberá ser revisado en este nuevo gobierno de Pedro Pablo Kucyznski.

Por lo pronto, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, aseguró a Convoca.pe que para el 22 de agosto está programada una reunión de la mesa de trabajo en Apurímac que fue creada durante el gobierno de Ollanta Humala para hacer frente al conflicto social y que reanudará sus actividades con “una plenaria para revisar lo avanzado”. En el encuentro se presentará la lista de demandas de los pobladores que aún están en sala de espera como Celia y que les mostramos a continuación.

Las familias de Taquiruta son los sobrevivientes del éxodo. La fuente de las más de 400 mil toneladas de concentrado de cobre que MMG Limited proyecta extraer cada año está debajo de las casas ya desaparecidas de la comunidad de Fuerabamba. Es la tierra, la chacra, el hogar de familias campesinas versus la principal fuente de cobre de un país. Por eso hace más de tres años, por encima de 400 familias de la comunidad fueron reubicadas por la anterior operadora Glencore Xstrata a una especie de ciudad satélite que queda a media hora del proyecto minero y a la que llaman Nueva Fuerabamba. “A un campesino se lo han llevado al cemento”, explica con desazón el agricultor Daniel Olivera de la comunidad Ccayao.

Varias de estas familias que migraron aseguraron a Convoca.pe que les pagaron unos 200 mil soles en promedio por cada parcela y que Glencore Xstrata prometió indemnizarlas con otro monto similar por sus viviendas, cercos y corrales que fueron derribados para abrir el tajo. Ellos también reportaron que hasta junio de 2016 la empresa aún no cumplía con este último compromiso y que no han recibido “un millón de soles como dice la gente” (Ver “Versión de Las Bambas y del Minem”).

Taquiruta fue el único caserío de la comunidad que prefirió quedarse en el campo hasta que la empresa les pague lo que ellos consideran “justo” por sus más de mil hectáreas de terreno aunque sus corrales y cercos sigan desapareciendo al mismo tiempo que avanza la maquinaria pesada y se incrementa la producción de cobre de 32 mil 800 toneladas métricas finas cada mes, lo que equivale a 82 camiones de más de tres metros de alto que operan al interior de una mina de tajo abierto con una carga promedio de 400 toneladas*.

La mayoría de la población en las zonas rurales y las áreas urbanas de los distritos donde se levanta Las Bambas aceptó convivir con la actividad minera y ven al proyecto como una oportunidad para mejorar su vida en la chacra y conseguir empleo. “No queremos conflictos. Pero si te doy la mina, también te doy condiciones”, dice Daniel Olivera.

Durante varios años los representantes de los distintos operadores del complejo minero (ver línea del tiempo) y la población lograron establecer una relación armoniosa. “Pero el cortejo acabó cuando la empresa accedió al territorio”, narra Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL).

“La empresa era el papá. Si querías fiesta patronal, la mina traía las mejores orquestas del año, mataban diez o quince cabezas de ganado, preparaban la mejor chicha. La gente estaba entretenida en bailar, comer. La mina daba todo. Hasta a las personas que no tenían mujer se las llevaban al servicio sexual”, narra Porfirio Gutiérrez Paniura, quien encabeza la lucha del caserío Taquiruta y asegura que “todos los regalos acabaron cuando terminaron de sacar a la comunidad de sus tierras”.

Tiempo después la convivencia se quebró en setiembre de 2015 con la provincia de Cotabambas cuando estalló el conflicto por las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sin consultar a la población. Para entonces MMG Limited ya había comprado la mina a Glencore y lo que quedó como registro oficial fueron 3 muertos y 29 heridos en la lista de más de cien conflictos sociales vinculados a las industrias extractivas. En respuesta, el régimen de Ollanta Humala instaló una mesa de trabajo con cuatro temas: derechos humanos, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible mediante proyectos de inversión a cargo del Ejecutivo.

El Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas reclama hasta hoy por qué no se consultó a los pobladores los cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental aprobado en marzo de 2011. Hasta agosto de 2016, hubo cinco modificaciones, de los cuales el más polémico fue el que se aprobó en agosto de 2013 mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) porque permitió el traslado de la planta de filtración que procesa 2 mil 995 toneladas por día de concentrado y que es la que permite la separación del molibdeno y el cobre.

Este centro de operaciones está constituido por la planta de espesamiento, la planta de molibdeno y de filtraciones de cobre, así como un almacén de concentrados, que antes estaba ubicado en el área de Tintaya, en Espinar (Cusco), pero que ahora se levanta en la provincia de Cotabambas (Apurímac).

El ITS forma parte de los procesos de simplificación que aprobó el gobierno de Humala para acelerar las inversiones en el territorio peruano sin que se exija la participación ciudadana para admitir cambios en los estudios ambientales porque se supone que debe usarse para modificar componentes auxiliares del proyecto o ampliaciones para mejoras tecnológicas. Esto es lo que ha alborotado el clima social ante la incertidumbre de los impactos que puedan generarse.

En el caso de Las Bambas, con el ITS también se abrió camino para que los minerales ya no se transporten por un mineroducto, una especie de enorme tubo que protegía el traslado de los metales, sino por camiones que desde enero de 2016 en que empezó a explotarse el cobre, levantan una gran polvareda que agita el reclamo de la población, entre ellos los comuneros del caserío Antuyo en el distrito de Tambobamba que recientemente ocuparon un tramo de la carretera. Según la minera Las Bambas, esto no ha afectado sus operaciones. Pero estos pobladores exigen que la empresa asfalte la vía porque consideran que es la más beneficiada con el traslado del mineral. En su defensa, la compañía respondió por correo electrónico a Convoca.pe que utilizan “contenedores sellados” y previo al tránsito de los vehículos riegan el camino.

En agosto de 2017, el Estado peruano declaró en estado de emergencia los distritos Chalhuahuacho y Mora de la provincia de Cotabambas luego de las protestas de los pobladores por las modificaciones al estudio ambiental del proyecto minero, lo que conllevó a que se suspendan los derechos a la libertad de reunión, de tránsito en el territorio y seguridad personal de la población en estas zonas.

Un mes después, se realizó el diálogo entre autoridades de la provincia de Cotabambas y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. En esa reunión, el alcalde provincial de Cotabambas, Valentín Quispe, aceptó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto a las autoridades de la provincia de Cotabambas sean los encargados de tomar decisiones sobre las rutas del corredor vial Apurímac – Cusco, por donde pasan los camiones con los minerales del proyecto Las Bambas. Esta vía es custodiada por las fuerzas del orden debido al estado de emergencia.

Un sector de los comuneros de Challhuahuacho tienen la sensación que el estado de emergencia en Las Bambas ha servido para favorecer a la minera debido a que las Fuerzas Armadas protegen el transporte de los minerales por el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Mientras que el tránsito de los pobladores ha disminuido como en el caso de las fiestas de carnavales de esta zona de Apurímac.

Los pobladores tampoco aprueban el Plan de Desarrollo de Cotabambas propuesto en diciembre de 2016 por el entonces ministro de Transportes y primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, debido a que consideran que el documento reúne las propuestas ya realizadas por los alcaldes locales que enfrentan el descrédito en la zona y que no prioriza otros problemas sociales como la anemia que afecta a 15 mil 699 niños menores de tres años en Apurímac, lo que representa más del 50% de estos pequeños en la región, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y el Ministerio de Salud.

Para el economista José de Echave, de la no gubernamental Cooperación, las autoridades no han priorizado la atención de las necesidades básicas y el desarrollo de estas zonas de Apurímac como consecuencia de la ejecución de este proyecto minero millonario. A eso se suma, que la empresa controlada por la china MMG Limited y que inició su extracción metálica en 2016, recién se verá obligada a tributar entre 2021 y 2022. Por lo tanto, los municipios recién recibirán el canon minero desde esos años (Ver: “Estiman que minera Las Bambas tardará hasta el 2022 para empezar a pagar canon”).

El viceministro de Minas, Ricardo Labó Fossa, durante una visita realizada a mediados de febrero de 2018 en Apurímac prefirió destacar el potencial minero de esta región señalando que el 20% de la producción de cobre en el país procede de este departamento, lo que representa a su vez el 2% de la producción mundial de cobre. Sin embargo, minimizó el hecho de que la compañía minera recién empiece a pagar canon años más tarde. “Estas empresas (como MMG Las Bambas) comenzarán a pagar el impuesto a la renta en ese tiempo, eso es natural y ha ocurrido en toda la historia minera del país”, apuntó.

Las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado el manejo de las autoridades sobe el caso Las Bambas y las reiteradas ampliaciones de plazo del estado de emergencia que hasta febrero de 2018 superaba los seis meses. La abogada del área de Pueblos Indígenas, Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), resaltó que este estado excepcional en Cotabambas es inconstitucional porque “la PNP (Policía) no puede ser cooptada por la empresa minera (existen convenios de seguridad firmados con la empresa minera Las Bambas, asegura)”.

Con la desaparición del mineroducto también se sepultaron las expectativas de los pobladores de 20 comunidades y cuatro centros urbanos que veían la posibilidad de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia directa de este sistema de transporte de cobre que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial, de acuerdo con la revisión del expediente completo del proyecto que realizó Convoca.pe con la ayuda de ingenieros ambientales.

“Todos soñábamos con ser parte, trabajar. Pero a nosotros nos aplastan como hormigas”, dice Daniel Olivera de Ccayao, comunidad ubicada en el área de influencia directa del mineroducto. Él y otros comuneros piden que se respete el plan inicial al igual que Porfirio Gutiérrez, quien exige que la compañía cumpla con los compromisos que asumieron las anteriores operadoras. “Solo se culpan unas a otras”, agrega.

En diciembre de 2009, el entonces gerente general del proyecto Las Bambas, Valentín Choquenaria, firmó en nombre de Xstrata Cooper un acuerdo con la comunidad de Fuerabamba, representada por su secretario general Cirilo Huachaca, en el que asumía cincuenta compromisos en trece puntos: desde educación superior hasta atención prioritaria de adultos mayores, madres solteras, viudas, huérfanos y pobladores con algún tipo de discapacidad. “Les prometieron de todo, fue el convenio más loco de la historia de la minería”, recuerda Julia Cuadros de la ONG Cooperación, una de las especialistas que participa en la mesa de trabajo.

“Nosotros solo pedimos que nos paguen lo justo. Me han quitado mi chacra de donde están sacando el mineral”, reclama en quechua entre sollozos Dominga Paniura, una anciana que sube y baja los cerros con la seguridad de quien conoce cada rincón de su territorio. Ella es la mamá de Porfirio, quien asegura que en el lugar donde ahora funciona la planta chancadora del proyecto, Dominga tenía “un corral de capulíes y un corral para el ganado”.

“La empresa nos ha denunciado como comuneros precarios, como si nosotros no viviéramos hace tiempo acá. Nosotros somos originarios de aquí”, reclama Porfirio. El abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz, aseguró que las empresas suelen usar el término de comunero precario cuando “no quieren reconocer que son propietarios de territorios ancestrales”.

El caso de Porfirio y las familias de Taquiruta debe verse en la mesa de trabajo anunciada para el 22 de agosto. También el reclamo del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotambabas, que exige un estudio independiente que revise las diversas modificaciones realizadas al EIA y que la empresa garantice de manera transparente que podrá mitigar los impactos ambientales.

Para Paulina Garzón, directora de IISCAL, “si una compañía globalmente responsable como MMG no puede cumplir estas exigencias, no hay esperanza de que otra empresa lo haga” porque la compañía ha suscrito diversos acuerdos internacionales entre los que aparece los Estándares de Desempeño del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) que exige que los miembros respeten el derecho al consentimiento libre, informado y previo de las comunidades. El CEO de MMG Limited, Andrew Michelmore, es vicepresidente del Consejo. Pero, ¿qué tanto se ha respetado estos estándares en el territorio peruano? La respuesta en la segunda parte de este reportaje.

Pobladores del caserío Taquiruta de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) narran su lucha por la tierra a pocos metros del megaproyecto minero Las Bambas (Dar clic en cada foto para ver vídeo).

La empresa minera Las Bambas, propiedad de MMG Limited, respondió vía correo electrónico a Convoca.pe que “la empresa viene asumiendo todos los compromisos pactados con la comunidad” y que “algunas familias no desean trasladarse (de Fuerabamba) porque exigen que antes se le otorgue una compensación adicional, individual y particular muy por encima de lo acordado y firmado con la propia comunidad”. La compañía asegura que la comunidad de Fuerabamba le transfirió sus tierras mediante una escritura pública de permuta, el 23 de noviembre de 2011. Sin embargo, Porfirio Gutiérrez de Taquiruta dijo que cada caserío se encargó de su propia negociación y las familias que se resisten a abandonar sus tierras nunca aceptaron esos acuerdos. Porfirio no ha precisado el monto por el que sí estaría dispuesto a vender sus tierras a la compañía. La minera tampoco ha detallado esta cifra.

La compañía también señaló que el reasentamiento del resto de los pobladores de la comunidad fue de manera voluntaria como resultado de un proceso de diálogo y de la firma de un acuerdo en 2010 que incluía, “entre otros beneficios económicos, la construcción de viviendas acorde a los requerimientos y necesidades señalados por la propia comunidad”.

Sobre los cambios al Estudio de Impacto Ambiental, la empresa aseguró que se trataron de modificaciones de “componentes auxiliares con impactos no significativos”. En la misma línea respondió el Ministerio de Energía y Minas y aseguró que para el caso de la evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), “la norma no establece la exigencia de mecanismos de participación ciudadana” y que sin embargo "pone a disposición del público en general estos ITS en su página web”. En la segunda parte del reportaje ampliaremos las versiones de este ministerio y la empresa sobre este tema.